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Heliconia: preguntas sobre la capacidad de respuesta de su Comisaría de Familia

La Comisaría de Familia de Heliconia enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad de atención. En paralelo, aparecen preguntas sobre funcionarios vinculados a la administración municipal y la justicia local que requieren respuestas oficiales.

La protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres depende en buena medida de la capacidad de respuesta de las Comisarías de Familia.

En municipios pequeños, esa responsabilidad puede recaer sobre equipos reducidos y con recursos limitados.

En Heliconia, esa capacidad institucional está siendo objeto de cuestionamientos.

Información entregada a este medio señala dificultades en la atención de casos relacionados con vulneraciones de derechos y plantea interrogantes sobre la conformación del equipo que actualmente presta sus servicios.

Los señalamientos requieren verificación y respuestas oficiales.

Lo que sí puede comprobarse es que Diego Camilo Noguera Arévalo figura actualmente en los registros de Función Pública como servidor público de la Alcaldía de Heliconia.

Además, el municipio publicó recientemente procesos de contratación relacionados con la atención y asistencia a usuarios de la Comisaría de Familia. Uno de ellos fue publicado en septiembre de 2026 por $21 millones.

Una Comisaría necesita más que un funcionario

La Ley 2126 de 2021 estableció condiciones para el funcionamiento de las Comisarías de Familia y exige una estructura interdisciplinaria para atender los casos bajo su competencia.

La atención no depende únicamente de la autoridad que dirige la dependencia.

También requiere profesionales que permitan abordar las diferentes dimensiones de los casos.

En situaciones relacionadas con niños o mujeres víctimas de violencia, la respuesta puede requerir actuaciones jurídicas, valoración psicológica, intervención social y seguimiento.

Por eso, cualquier ausencia dentro del equipo puede afectar la capacidad de respuesta.

La pregunta para Heliconia es concreta: ¿con qué equipo está funcionando actualmente su Comisaría de Familia y qué nivel de atención puede garantizar?

Los cuestionamientos de la comunidad

A ADH llegaron reportes que señalan presuntas demoras en la atención de casos relacionados con mujeres y menores de edad.

También se mencionan procesos disciplinarios que, según las quejas recibidas, no habrían avanzado.

Hasta el momento, estos señalamientos no deben presentarse como hechos comprobados.

ADH considera necesario establecer qué procesos existen, qué autoridad los adelanta, cuáles son sus fechas y cuál es su estado actual.

La información pública disponible permite confirmar la presencia de Diego Camilo Noguera Arévalo dentro del directorio de servidores de la Alcaldía de Heliconia.

Pero esa información no permite, por sí sola, establecer la existencia ni el estado de investigaciones disciplinarias.

Ese punto requiere documentación oficial.

Otro nombre aparece en la discusión

La información recibida también plantea una posible relación familiar entre Diego Camilo Noguera Arévalo y Ricardo Efraín Noguera Hernández.

Este último aparece identificado en documentación del Tribunal Superior de Medellín como juez promiscuo municipal de Heliconia.

La relación de parentesco señalada por la comunidad debe ser confirmada antes de establecer cualquier conclusión.

Y existe una segunda cuestión.

Incluso si se confirmara un vínculo familiar, eso no demostraría automáticamente la existencia de un conflicto de interés.

Para determinarlo habría que establecer las funciones concretas de cada funcionario, las actuaciones en las que eventualmente hayan coincidido y si existe alguna circunstancia que obligue a declarar impedimento o aplicar otra medida prevista por la ley.

Las preguntas que esperan respuesta

El caso plantea varias preguntas que pueden responderse con documentos.

¿Quién dirige actualmente la Comisaría de Familia?

¿Quiénes integran su equipo interdisciplinario?

¿Hay cargos vacantes?

¿Cuántos casos relacionados con niños y mujeres están activos?

¿Cuánto tiempo tarda la atención de una denuncia?

¿Existen procesos disciplinarios contra funcionarios de la dependencia?

Si existen, ¿cuál es su estado?

¿Existe una relación de parentesco entre funcionarios de la administración y servidores de la Rama Judicial en el municipio?

Y, si existe, ¿ha sido evaluada jurídicamente alguna situación de impedimento o conflicto de interés?

No son preguntas menores.

Tampoco requieren una conclusión anticipada.

Requieren información verificable.

La contratación también deja una señal

El municipio ha realizado contrataciones recientes relacionadas con la Comisaría.

Uno de los procesos encontrados en SECOP tiene como objeto prestar servicios profesionales de asistencia técnica y acompañamiento a los usuarios de la dependencia. El proceso fue publicado el 1 de septiembre de 2026 y registra un valor de $21 millones.

Otro registro de contratación, publicado en agosto, aparece por $13,2 millones para prestar servicios profesionales y acompañamiento a los usuarios de la Comisaría.

Estos procesos muestran que existe actividad administrativa alrededor de la dependencia.

Pero tampoco permiten determinar por sí solos si el equipo actual es suficiente ni si la atención está funcionando de manera adecuada.

Ese es precisamente el punto que debe verificarse.

Protección de derechos y capacidad institucional

Una Comisaría de Familia no es una oficina administrativa más.

Su actuación puede determinar medidas urgentes frente a violencia, maltrato, abandono o vulneración de derechos.

Por eso, la capacidad institucional debe evaluarse más allá del cumplimiento formal de una contratación.

Importan los profesionales disponibles.

Importa el tiempo de respuesta.

Importa el seguimiento.

Y también importa que cualquier posible situación que pueda afectar la imparcialidad de una actuación sea revisada por las autoridades competentes.

Heliconia necesita respuestas

Los cuestionamientos conocidos por ADH todavía tienen puntos que deben ser documentados.

No sería responsable afirmar que existen procesos disciplinarios estancados sin conocer los expedientes.

Tampoco sería correcto afirmar que existe un conflicto de intereses únicamente porque se señala un posible parentesco.

Pero tampoco sería periodísticamente suficiente ignorar las preguntas.

La administración municipal puede aclarar la composición actual de la Comisaría.

Las autoridades disciplinarias pueden informar sobre la existencia y estado de los procesos, si legalmente procede.

Y las autoridades competentes pueden establecer si existe o no alguna situación de impedimento.

Mientras esas respuestas llegan, el caso queda abierto a verificación.

Porque cuando una institución tiene a su cargo la protección de niños, niñas y mujeres, la capacidad de respuesta no debería ser una percepción: debería poder demostrarse con funcionarios, procedimientos, tiempos y resultados.

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Categoría: Antioquia / Judicial
Etiquetas: Heliconia, Comisaría de Familia, Diego Camilo Noguera, Ricardo Efraín Noguera, infancia, mujeres, justicia
Texto ALT: Comisaría de Familia de Heliconia y atención de casos de familia

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