La Fiscalía General de la Nación citó para interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho, quienes participaron en la consulta del 26 de octubre de 2025. Las diligencias están programadas para el 23 y 24 de septiembre y hacen parte de una indagación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Pero hay una precisión fundamental: la citación no significa que los dos políticos hayan sido declarados responsables de una irregularidad ni que existan cargos formulados en su contra. Lo que busca establecer la Fiscalía es si la información entregada al Consejo Nacional Electoral sobre gastos, créditos y aportes corresponde con la realidad financiera y contable de las campañas.
Y ahí está el verdadero asunto.
La investigación mira las cuentas, no solamente los nombres
Los llamados por la Fiscalía son quienes tuvieron responsabilidades directas sobre el manejo y registro de los recursos de las campañas.
Por Cepeda fueron citados Carlos Saúl Garzón Urrea, gerente, y Sandra Yurany López Cortés, contadora.
Por Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares Zárate, gerente, y Libardo Hinestroza Palacios, contador.
Las preguntas de la Fiscalía están relacionadas con los movimientos financieros reportados durante aquella consulta: gastos, aportes y créditos.
En otras palabras, el expediente busca contrastar lo que quedó registrado oficialmente con la manera en que realmente se movieron los recursos.
El antecedente que vuelve más complejo el caso
La investigación no apareció de la nada.
El pasado 15 de septiembre, agentes de la Dijín realizaron una inspección judicial en la antigua sede del Polo Democrático Alternativo, actualmente utilizada por el Pacto Histórico, con autorización de un juez de control de garantías.
Según la información conocida, durante esa diligencia fueron recopilados documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta interna.
Una semana después llegaron las citaciones a los responsables contables de las campañas.
La secuencia muestra que la Fiscalía está intentando reconstruir el recorrido de los recursos y contrastarlo con la información que fue presentada ante la autoridad electoral.
Hay otro expediente sobre la mesa
El caso tiene además una particularidad: la Fiscalía no es la única autoridad que está revisando asuntos relacionados con la financiación de aquella consulta.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió el 14 de septiembre una indagación previa relacionada con el manejo de los recursos de la campaña de Iván Cepeda durante ese proceso.
Uno de los asuntos que aparece en las investigaciones está relacionado con recursos reportados como créditos en especie y con empresas y particulares vinculados a servicios utilizados durante la campaña.
Entre ellos aparecen operaciones relacionadas con Samat Publicidad S.A.S. y Javier Antonio Pérez Páez. De acuerdo con información publicada por La Silla Vacía, se reportaron recursos por $116 millones asociados al empresario y otros $609 millones relacionados con la empresa. Tanto Pérez como Cepeda han sostenido que se trataba de créditos en especie por servicios publicitarios y no de donaciones.
Pero existe un elemento que cambia la lectura de esta historia.
El CNE ya tomó una decisión sobre parte del caso
El Consejo Nacional Electoral ya había revisado administrativamente algunos de estos cuestionamientos.
Según lo reportado por El Espectador, el 1 de septiembre el CNE decidió abstenerse de abrir una investigación administrativa contra Cepeda relacionada con la financiación de la consulta y cerró la actuación correspondiente.
La decisión del organismo electoral no impide que otras autoridades adelanten sus propias actuaciones dentro de sus competencias.
Por eso, que el CNE haya tomado una decisión administrativa y que posteriormente existan actuaciones de la Fiscalía y de la Corte Suprema no significa necesariamente que las instituciones estén diciendo exactamente lo mismo.
Son actuaciones distintas y con alcances diferentes.
¿Qué está por determinarse?
La Fiscalía deberá establecer, entre otras cosas, si los reportes financieros entregados al CNE reflejaron de manera correcta los gastos y aportes de las campañas y quiénes fueron efectivamente los financiadores de determinados bienes y servicios.
Para hacerlo, cuenta ahora con documentos obtenidos durante las inspecciones y con las declaraciones de quienes estuvieron encargados directamente de la administración de los recursos.
El resultado de estas diligencias todavía no está definido.
La investigación podría avanzar si aparecen elementos que permitan establecer la existencia de una conducta delictiva o, si no se encuentran suficientes elementos, terminar archivada.
Por ahora, hablar de una responsabilidad penal sería adelantarse al resultado de la investigación.
Una discusión que va más allá del Pacto Histórico
El episodio vuelve a poner sobre la mesa un asunto que atraviesa todas las campañas políticas: la trazabilidad del dinero que entra, sale y se reporta durante una contienda electoral.
Los ciudadanos pueden conocer quién aparece formalmente como aportante, cuánto se registra como gasto y bajo qué figura se reportan determinados recursos. Pero cuando una autoridad decide contrastar esos documentos con la realidad financiera, la discusión deja de ser únicamente política y pasa al terreno de la investigación.
En este caso, además, las cuentas corresponden a una consulta que definió quién representaría al Pacto Histórico en la carrera presidencial de 2026.
Iván Cepeda terminó imponiéndose en aquella jornada, mientras Carolina Corcho ocupó el segundo lugar.
Meses después, parte de la contabilidad de ese proceso vuelve a ser revisada.
No porque ya exista una conclusión judicial, sino porque las autoridades buscan establecer si lo que quedó escrito en los informes financieros coincide con lo que realmente ocurrió con los recursos de esas campañas.
Esa es, por ahora, la pregunta que permanece abierta.
Y serán los documentos, las declaraciones y las decisiones de las autoridades competentes los que permitan responderla.
