Proyecto de ley propone restringir el acceso de menores de 14 años a determinadas plataformas, exigir verificación de identidad y establecer nuevas obligaciones para las empresas digitales. La iniciativa apenas inicia su recorrido en el Congreso.
El uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes vuelve al debate legislativo en Colombia. La Cámara de Representantes tiene en trámite una iniciativa que busca establecer responsabilidades para las plataformas digitales y definir medidas de protección para sus usuarios, especialmente los menores de edad.
El Proyecto de Ley 083 de 2026 Cámara recibió ponencia positiva para su primer debate en la Comisión Sexta. Sin embargo, todavía no es una ley ni significa que las restricciones propuestas estén vigentes. El documento plantea 15 artículos sobre seguridad digital, identidad, protección de datos y funcionamiento de las redes sociales.
El límite de edad que propone la iniciativa
Uno de los puntos centrales es restringir el registro y acceso de menores de 14 años a redes sociales que no estén diseñadas específicamente para ellos.
El texto contempla una excepción para plataformas creadas para menores, siempre que cuenten con control parental y aprobación expresa de sus representantes legales. La propuesta busca que las empresas asuman responsabilidades concretas frente a la edad de quienes utilizan sus servicios. <Cite refs={[“turn600512view0”]}/>
La discusión no se limita a decidir desde qué edad una persona puede abrir una cuenta. También plantea cómo verificar ese dato y cómo impedir que las restricciones puedan eludirse mediante información falsa.
Identidad digital y datos personales
La iniciativa propone que las plataformas implementen mecanismos de verificación de identidad para sus usuarios. También contempla medidas contra las cuentas falsas y el uso de identidades ficticias.
Otro componente se refiere al tratamiento de los datos personales. El proyecto plantea que las empresas informen sobre el uso de la información y obtengan consentimiento informado.
Además, propone informes semestrales sobre contenidos eliminados, con información sobre las razones de esas decisiones, los tiempos de respuesta y los recursos presentados por los usuarios. Las compañías también tendrían que explicar de manera comprensible cómo funcionan sus sistemas de recomendación, publicidad y moderación de publicaciones. <Cite refs={[“turn293068view1″,”turn600512view1”]}/>
Estas obligaciones abren una discusión adicional: cómo aumentar la seguridad de los usuarios sin debilitar la privacidad ni afectar injustificadamente la libertad de expresión.
¿Quién vigilaría a las plataformas?
El proyecto asigna a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de supervisar el cumplimiento de las disposiciones y adelantar los procedimientos sancionatorios correspondientes.
El articulado contempla multas y, ante incumplimientos reiterados, la posibilidad de bloquear temporal o permanentemente la operación de una plataforma en Colombia. Estas medidas solo podrían aplicarse si la iniciativa supera el trámite legislativo y entra en vigencia en los términos que finalmente se aprueben.
La aplicación de estas reglas también exigiría capacidad técnica para verificar incumplimientos, tramitar denuncias y establecer responsabilidades de las empresas que operan en un entorno digital global.
Un proyecto que todavía debe debatirse
La iniciativa fue radicada el 22 de julio de 2026 por el representante Germán Rogelio Rozo Anís. Luis Guillermo Patiño Aristizábal figura como coordinador ponente para el primer debate. El texto recibió ponencia positiva en septiembre, un paso que permite continuar su trámite, pero no equivale a una aprobación definitiva.
Antes de convertirse en norma, el proyecto debe surtir los debates y procedimientos exigidos para su aprobación. Durante ese recorrido, sus artículos pueden recibir modificaciones.
El debate de fondo va más allá de fijar una edad mínima. Colombia debe discutir cómo proteger a niños y adolescentes frente a los riesgos digitales, qué responsabilidades deben asumir las empresas tecnológicas y qué garantías tendrán los usuarios sobre su identidad, sus datos y sus derechos.
Por ahora, la propuesta está en el Congreso. El alcance definitivo de las nuevas reglas dependerá de las decisiones que adopten los legisladores durante su trámite.
