Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz vuelve al centro de la discusión política y jurídica en Colombia.
Esta vez, la voz que abrió el debate fue la de Juan Manuel Santos, expresidente que lideró la negociación y firmó el acuerdo en 2016.
Santos afirmó que no está de acuerdo con ampliar los límites de la JEP y sostuvo que la jurisdicción debe cumplir su cometido dentro del plazo establecido. También pidió acelerar los procesos y cuestionó los posibles recortes de recursos para su funcionamiento.
Sus declaraciones plantean una discusión que tiene dos partes: cuánto tiempo debe funcionar la JEP y con qué recursos debe terminar las tareas que todavía están pendientes.
El debate sobre el plazo
Santos señaló que la JEP debe cumplir su cometido en 2028, incluso antes si es posible. Su declaración se refiere al plazo para el ejercicio de la acción penal dentro del esquema de justicia transicional.
Sin embargo, la discusión jurídica tiene más elementos.
La Constitución estableció para la JEP un periodo de 15 años. La Corte Constitucional determinó que existe una posibilidad de prórroga por una sola vez y hasta por cinco años, mediante una ley estatutaria, para completar las funciones jurisdiccionales pendientes. En consecuencia, la duración total no puede superar los 20 años.
La propia JEP ha explicado que esos 15 años contemplan diferentes etapas. El primer periodo corresponde al ejercicio de la acción penal y existe posteriormente un plazo para concluir la actividad jurisdiccional.
Por eso, hablar de la vigencia de la JEP no significa solamente establecer una fecha de cierre.
También implica determinar qué actuaciones deben terminar dentro de cada etapa y cuáles podrían requerir el mecanismo excepcional de prórroga.
Santos pide acelerar los procesos
El expresidente también reconoció las críticas relacionadas con la velocidad de los procesos.
Durante su intervención, sostuvo que quienes cuestionan la lentitud de la JEP tienen razones para hacerlo y pidió que la jurisdicción acelere su trabajo.
La discusión llega mientras la JEP mantiene abiertos diferentes procesos relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado.
Uno de los retos está en llevar los casos desde la investigación hasta las decisiones judiciales y, posteriormente, garantizar el cumplimiento de las sanciones restaurativas.
En julio de 2026, el Ministerio de Justicia informó que ya existía una ruta para poner en marcha proyectos restaurativos correspondientes a sanciones impuestas a 19 comparecientes que reconocieron responsabilidad. Para esos proyectos se habían asegurado inicialmente $20.000 millones.
El Gobierno también expidió el Decreto 652 de 2026, que estableció condiciones de salud, seguridad, habitabilidad y otros aspectos necesarios para que los comparecientes puedan cumplir esas sanciones.
El otro frente: el presupuesto
La discusión sobre el tiempo coincide con otra controversia: los recursos destinados a la implementación de la justicia transicional.
Santos cuestionó un posible recorte presupuestal y sostuvo que los principales afectados serían las víctimas y los comparecientes si las instituciones encargadas de implementar el acuerdo no cuentan con los recursos necesarios.
La preocupación adquiere relevancia porque una reducción de recursos puede impactar la capacidad institucional para avanzar en procesos que todavía no han terminado.
La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto tiempo tendrá la JEP.
También es qué capacidad tendrá para cumplir sus funciones durante el periodo que legalmente tiene disponible.
Una discusión que ya llegó al Congreso
El debate sobre la duración de la JEP tampoco se limita a las declaraciones del expresidente.
En septiembre, el senador Enrique Gómez Martínez radicó un proyecto de acto legislativo que propone establecer un periodo máximo de diez años para la jurisdicción, sin posibilidad de prórroga. La iniciativa también plantea que la Fiscalía pueda asumir investigaciones y acusaciones necesarias para continuar algunos procesos.
La propuesta hace parte de una discusión que todavía debe surtir su trámite legislativo. No representa por sí misma un cambio en las reglas actuales.
Hoy, el marco constitucional mantiene los 15 años de funcionamiento y contempla una eventual extensión única de hasta cinco años bajo las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.
Entre terminar y prolongar
Las declaraciones de Santos colocan nuevamente sobre la mesa una pregunta que tendrá consecuencias institucionales: ¿cómo cerrar la etapa de la justicia transicional sin dejar pendientes las obligaciones que todavía están en curso?
Su posición tiene un elemento particular.
El expresidente defiende el funcionamiento de la JEP y, al mismo tiempo, plantea que debe acelerar sus resultados y cumplir dentro de los límites establecidos.
La discusión que sigue no depende únicamente de Santos ni de la JEP. También involucra al Congreso, al Gobierno, a las víctimas, a los comparecientes y a las instituciones encargadas de ejecutar las decisiones.
Por ahora, las reglas vigentes mantienen el límite constitucional y la posibilidad excepcional de una única prórroga.
El debate político que acaba de reabrirse tendrá que definir si Colombia llega a ese límite con los procesos terminados o con nuevas decisiones sobre el futuro de la justicia transicional.
