El representante antioqueño respaldó el protocolo anunciado por el presidente Abelardo De la Espriella. La discusión también coincide con un proyecto de ley que busca establecer reglas frente a hechos violentos durante las manifestaciones.
La discusión sobre los límites de la protesta social volvió al escenario político nacional después del anuncio del presidente Abelardo De la Espriella sobre un nuevo protocolo para la actuación de las autoridades frente a hechos de violencia durante manifestaciones.
El representante a la Cámara por Antioquia y primer vicepresidente de esa corporación, Simón Molina, manifestó su respaldo a la iniciativa. Al mismo tiempo, recordó que en el Congreso avanza una propuesta legislativa de la que es autor y que aborda precisamente la relación entre el derecho a la protesta y la actuación de las autoridades frente a hechos violentos.
El asunto, por tanto, no se limita a una declaración política. Hay una discusión institucional que apenas comienza y que deberá pasar por el Congreso y por la definición del protocolo anunciado por el Ejecutivo.
Una propuesta que ya estaba radicada
El proyecto de Molina fue presentado el 21 de julio de 2026 ante la Cámara de Representantes bajo el número 041 de 2026.
La iniciativa es de carácter estatutario y tiene como objeto establecer herramientas para las autoridades y la Fuerza Pública frente a hechos de violencia ocurridos en el marco de la protesta social. También plantea una regulación integral del derecho de manifestación y reunión.
El proyecto se encuentra en la Comisión Primera Constitucional Permanente.
Además, la iniciativa fue acumulada con otro proyecto, el 055 de 2026, que propone garantizar la protesta pacífica y establecer medidas frente a bloqueos absolutos, actos violentos y afectaciones graves a los derechos de terceros.
Esto significa que el debate legislativo tendrá más de una propuesta sobre la mesa.
¿Qué plantea Simón Molina?
Según el congresista, su propuesta parte de varios elementos: diálogo, garantías para quienes protestan pacíficamente, individualización de quienes cometan actos violentos y actuación de las autoridades cuando se presenten situaciones graves.
Molina sostiene que proteger la protesta y actuar frente a conductas violentas no deberían ser asuntos incompatibles.
En sus declaraciones, el representante también se refirió a las universidades. Su posición es que la autonomía universitaria debe proteger la actividad académica, pero no impedir la actuación de las autoridades ante hechos que puedan constituir delitos o situaciones graves de orden público.
La discusión cobra relevancia porque el protocolo anunciado por el Gobierno contempla precisamente situaciones que puedan presentarse dentro de universidades públicas.
El anuncio del Gobierno
El presidente Abelardo De la Espriella anunció el 13 de septiembre la creación de un protocolo nacional de actuación para diferenciar las manifestaciones pacíficas de aquellas situaciones en las que existan violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
Según la Presidencia, la Policía sería la primera autoridad operativa frente a estos escenarios. El Gobierno también sostuvo que garantizará el derecho a la protesta pacífica dentro del marco constitucional y legal.
El anuncio generó una discusión adicional sobre la posibilidad de que la Fuerza Pública ingrese a universidades cuando se presenten determinados hechos.
Sin embargo, el protocolo todavía debe definir las circunstancias concretas de esa actuación.
Ese punto resulta central.
La autonomía universitaria entra en la discusión
La autonomía universitaria está reconocida constitucionalmente y comprende aspectos relacionados con el funcionamiento académico y administrativo de las instituciones.
El debate actual está en determinar cómo se articula esa autonomía con las competencias de las autoridades cuando dentro o alrededor de un campus ocurran hechos que puedan afectar la seguridad, la integridad de las personas o el orden público.
Algunas voces han respaldado la necesidad de establecer reglas claras. Otras han planteado que cualquier protocolo debe construirse con participación de las universidades y establecer límites precisos para evitar actuaciones desproporcionadas.
Por ahora, esas posiciones hacen parte de una discusión abierta.
El Congreso tendrá que definir parte de las reglas
El proyecto de Molina plantea llevar la discusión al terreno legislativo.
Al tratarse de una ley estatutaria, la iniciativa tendrá que surtir el trámite correspondiente en el Congreso antes de convertirse en una eventual norma.
El proyecto, además, no avanza de manera aislada. Su acumulación con la iniciativa 055 de 2026 muestra que existen diferentes aproximaciones dentro de la Cámara sobre cómo proteger la protesta pacífica y, al mismo tiempo, responder frente a hechos violentos.
Por eso, el debate que comienza ahora tendrá varios escenarios: el protocolo que prepara el Ejecutivo, la discusión legislativa y las posiciones de universidades, organizaciones sociales y autoridades.
Una discusión que apenas comienza
El respaldo de Simón Molina al protocolo presidencial conecta su posición pública con una iniciativa que ya estaba radicada en el Congreso.
Pero todavía faltan decisiones.
El Gobierno debe establecer el contenido definitivo del protocolo. El Congreso debe discutir los proyectos relacionados con la protesta social. Y las universidades deberán participar en una conversación sobre los límites y procedimientos aplicables en sus campus.
La discusión nacional, entonces, no está únicamente en si debe existir una respuesta frente al vandalismo.
También está en cómo definir las reglas, quién puede intervenir, bajo qué circunstancias y cuáles serán las garantías para quienes ejercen legítimamente el derecho a protestar.
Ese será uno de los debates que tendrá que resolver el Congreso durante la actual legislatura.
