En Colombia, hablar de minería suele llevar la conversación hacia dos extremos: por un lado, una actividad económica que durante generaciones ha sostenido a familias y municipios; por otro, la explotación ilegal, los daños ambientales y las rentas que terminan en manos de estructuras criminales.
Entre esos dos escenarios existe una realidad mucho más amplia: miles de pequeños mineros que desarrollan su actividad sin haber logrado completar todos los requisitos técnicos, ambientales y jurídicos exigidos por el Estado.
Precisamente sobre ese terreno se mueve un proyecto de ley que acaba de llegar al Congreso.
Se trata del Proyecto de Ley 117 de 2026C, radicado el 29 de julio, cuyo propósito es establecer un procedimiento especial y gradual para la formalización de la minería de subsistencia y pequeña escala. La iniciativa fue presentada, entre otros, por la representante antioqueña Ana Ligia Mora Martínez y contempla también participación de congresistas como Daruin Castellanos, Hilda Gutiérrez, Óscar Darío Pérez, Hernán Darío Cadavid y Juan Fernando Espinal.
Pero más allá del trámite legislativo, la discusión de fondo es otra: ¿cómo puede el Estado sacar de la informalidad al pequeño minero sin confundirlo con las estructuras que utilizan la minería para financiar actividades criminales?
Una ruta para llegar a la legalidad
La propuesta plantea una ruta de tres fases.
La primera sería el Permiso Inmediato Temporal de Explotación (PITE), con una duración máxima de un año. Está dirigido a mineros de subsistencia y pequeña escala que entren al proceso de formalización y contempla obligaciones ambientales, entre ellas la eliminación del uso de mercurio y la presentación de un Programa de Trabajo y Obras Diferencial.
La segunda fase corresponde al Permiso de Explotación de Transición (PPT), con una duración de hasta seis meses y una posible prórroga por otros seis. En este momento el minero tendría que avanzar en las obligaciones del proceso y presentar el Estudio de Impacto Ambiental para la Formalización.
Finalmente aparece la Licencia Ambiental para la Formalización (LAF), que sería el paso hacia la consolidación de una operación formal una vez cumplidos los requisitos técnicos, ambientales y sociales.
La lógica es sencilla de explicar: no exigir que todo ocurra de un día para otro, sino establecer una ruta en la que el minero pueda avanzar progresivamente hacia el cumplimiento de las obligaciones.
El punto que puede cambiar la discusión
Uno de los elementos centrales del proyecto es que busca diferenciar al pequeño minero tradicional de las dinámicas asociadas con la criminalidad.
La distinción es importante.
No toda actividad minera que hoy se encuentre en la informalidad responde necesariamente a la misma realidad. Hay diferencias entre quien lleva años desarrollando una actividad de pequeña escala y quien utiliza la explotación de minerales dentro de una estructura criminal.
La iniciativa plantea precisamente una ruta diferenciada para la minería de subsistencia y pequeña escala, acompañada de obligaciones técnicas, ambientales, sociales y de seguridad.
Esto no significa que la informalidad desaparezca con la aprobación del proyecto. Tampoco significa que cualquier explotación pueda quedar automáticamente legalizada.
La propuesta establece un procedimiento de formalización, no una amnistía para cualquier actividad minera.
El ambiente también está en el centro
La discusión ambiental atraviesa buena parte de la propuesta.
El proyecto plantea la eliminación progresiva del uso de mercurio, la incorporación de prácticas sostenibles y el cumplimiento gradual de obligaciones ambientales. También contempla asistencia técnica para que los pequeños productores puedan avanzar en ese proceso.
Es un punto especialmente relevante en departamentos como Antioquia, donde la actividad minera forma parte de la historia económica de varios municipios, pero donde también existen conflictos alrededor de los impactos sobre el agua, los ecosistemas y el territorio.
De hecho, el debate sobre formalización no ocurre en el vacío.
En septiembre, la Cámara realizó una audiencia pública sobre minería ilegal relacionada con operaciones de la Fuerza Pública en Urrao, Amalfi y Segovia, con participación prevista de entidades nacionales, autoridades territoriales, organismos de control y representantes de pequeños mineros.
El escenario muestra que el problema no se resuelve únicamente con operativos ni únicamente con nuevos trámites.
Hay una discusión territorial que involucra a quienes viven de la minería, a las autoridades, a las comunidades y a quienes defienden los ecosistemas.
Una ventanilla y menos laberintos
Otro de los elementos planteados es la creación de una Ventanilla Única para la Formalización Minera, con la intención de articular los trámites que hoy pueden involucrar a diferentes entidades.
También se propone un Programa Nacional de Asistencia Técnica, Jurídica y Social para acompañar a los pequeños mineros durante el proceso. La iniciativa incluye además mecanismos para mejorar la trazabilidad de la producción, entre ellos el Certificado de Origen de Beneficio.
La idea apunta a una dificultad conocida en los procesos de formalización: no basta con decirle a una persona que debe legalizarse si el camino para hacerlo resulta demasiado complejo o costoso.
La formalización necesita reglas, pero también acompañamiento.
Colombia ya tiene una discusión abierta
El proyecto 117 no es la única iniciativa relacionada con la minería que actualmente está en el Congreso.
El Gobierno Nacional radicó en julio una propuesta de nueva Ley Minera para actualizar el marco jurídico del sector, con énfasis en la planificación estatal, la formalización de la pequeña minería y la protección del agua, los territorios y los trabajadores.
Esto significa que el Congreso tendrá sobre la mesa diferentes discusiones alrededor de un mismo sector.
Y mientras esas iniciativas avanzan, el Gobierno reportó en mayo 893 procesos de formalización minera y 30.429 personas beneficiadas, con corte al 24 de abril de 2026.
En Antioquia también se han desarrollado procesos recientes. En agosto, el Ministerio de Minas informó acuerdos que abrieron rutas de formalización para 450 mineros del proyecto Matuna en Segovia y procesos que beneficiaron a 321 mineros tradicionales en Marmato, además de estrategias de restauración ambiental en Segovia.
La pregunta que queda sobre la mesa
El Proyecto de Ley 117 de 2026 apenas comienza su recorrido legislativo. Por ahora, no es una norma vigente y su contenido todavía deberá surtir el debate correspondiente en el Congreso.
Pero la discusión que plantea sí tiene consecuencias concretas para los territorios.
Formalizar significa permitir que quienes desarrollan minería de pequeña escala puedan avanzar hacia la legalidad. También implica exigir condiciones ambientales, técnicas y de seguridad.
Y perseguir la minería criminal supone otra tarea: identificar y combatir las estructuras que convierten la explotación de los recursos naturales en una fuente de financiación ilegal.
Las dos discusiones pueden convivir.
Porque el reto para el Estado no parece estar solamente en escoger entre minería o ambiente, ni entre formalización u operación policial.
El desafío está en construir una regla que permita distinguir realidades distintas: al pequeño minero que busca una ruta para cumplir la ley, de quien utiliza la minería como parte de una economía criminal.
El proyecto apenas comienza su recorrido. Lo que está por verse es si esa ruta propuesta logra convertirse en una herramienta efectiva para que la formalización deje de ser únicamente un trámite pendiente y se convierta en una posibilidad real para quienes llevan años esperando entrar a la legalidad.
